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Pero este no es el único caso de resonancia nacional en el cual estuvo involucrado, ya que además fue parte del caso de Erica Hagan, estudiante norteamericana cuyo cadáver apareció en el Colegio Bautista en Temuco.

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Félix intenta evitar que sus socios tomen represalias después de que la DEA cerca el enorme campo de marihuana de Rafa. Kiki y Jaime se encuentran con los investigadores.

La capacidad y aptitud de un abogado penalista para asumir eficazmente la defensa del imputado por tráfico de estupefacientes incluye el dominio de una serie de materias tales como las que a continuación ejemplificamos:

‘El R’, sobrino de Caro Quintero, podría ser extraditado; desechan queja con la que evitaba ser trasladado a EEUU

Colombia es un país con una gran cantidad de casos de extradición debido a la presencia de grupos criminales y el tráfico de drogas. Por lo tanto, es esencial contar con abogados expertos en extradiciones que puedan ofrecer una representación legal efectiva en casos de extradición.

c) De verdaderas pruebas, tratándose de diligencias objetivas y de resultado incontestable, como la aprehensión insitu de los delincuentes, la ocupación y recuperación de los efectos e instrumentos del delito, armas, drogas o sustancias estupefacientes, efectos estancados o prohibidos, entrada y registro en lugar cerrado y lo que se hallara durante el transcurso de los mismos, siempre que mediara mandamiento judicial o asentimiento del morador o del que tiene el derecho a excluir, o de otros supuestos semejantes.

AN: Es importante recordar que en un sistema legal, todos tienen derecho a una defensa justa. Como abogado, mi deber es garantizar que los derechos de mis clientes sean respetados y que reciban un juicio justo, independientemente de las acusaciones abogados tráfico de droga melilla - defensa penal detenidos delito de narcotráfico en su contra.

En este mundo, la relación entre abogado y cliente no es fácil. Bien lo sabe la abogada Helhue Sukni, quien en agosto de 2007 fue sancionada por defender simultáneamente a dos narcos, uno de los cuales había sido delatado por el otro con el objeto de ser beneficiado con una rebaja de penas. En un procedimiento de suspensión condicional, tras ser formalizada por prevaricación, le fue prohibido actuar durante un año en causas relacionadas con la Ley twenty.000. Bastante más lejos fue el abogado Gabriel Ruiz Gallardo, quien participó de un montaje para que a una clienta suya se le reconociera la figura de la cooperación eficaz. El abogado consiguió que una mujer boliviana fuera traída a Chile bajo engaño, y una vez acá, mientras esperaba ser contactada en un lodge de Los Andes por sus supuestos patrones que la dejaron al cuidado de una maleta con un kilo y 175 gramos de cocaína, la policía le cayó encima.

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Aunque no se conoce aún el documento oficial, este 24 de agosto el juez federal Richard J. León, del tribunal en el Distrito de Columbia, habría aceptado los argumentos del abogado del exjefe paramilitar pacer cumplir el acuerdo realizado hace meses con la justicia norteamericano por la entrega de información de nombres de narcos y rutas, que llevó a obtener la libertad de Mancuso y a su deportación a Italia. La fecha, el próximo four de septiembre.

Es al detenido, después de ser informado sobre las razones fileácticas y jurídicas de la detención y antes de ser interrogado policialmente por primera vez, a quien corresponde instar el ejercicio de su derecho, solicitando justificadamente los elementos de las actuaciones a los que quiere acceder. Una vez solicitado, el acceso debe producirse de forma efectiva, mediante exhibición, entrega de copia o cualquier otro método que, garantizando la integridad de las actuaciones, permita al detenido conocer y comprobar por sí, o a través de su letrado, las bases objetivas de su privación de libertad. En caso de discrepancia con los agentes policiales sobre qué elementos de las actuaciones son esenciales en el caso concreto, podrá activar la garantía del Habeas Corpus para que la autoridad judicial dirima la controversia. En el presente supuesto los policías no informaron al solicitante de todos los indicios racionales por los que realizaron la detención, lo que no  permitieron al detenido cuestionar fundadamente su privación de libertad (a pesar de que la detención fue practicada correctamente por los funcionarios policiales, cumpliendo los requisitos del artículo 492.

d. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.